Pese al paro indefinido de los mineros ilegales, el Gobierno no dará marcha atrás en la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que dejó fuera a más de 50 mil mineros informales, así lo confirmó Silvia de la Cruz Quintana, directora general contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, quien advirtió que la minería ilegal no solo degrada el medio ambiente, sino que alimenta una red criminal que incluye trata de personas, extorsión y homicidios.
“La formalidad es el camino correcto y no vamos a retroceder”, declaró De la Cruz, al señalar que las organizaciones criminales están utilizando la minería ilegal como una fuente de ingresos más rentable incluso que el narcotráfico.
En ese contexto, enfatizó que debe atacarse las finanzas de estas mafias, aunque cuestionó las recientes modificaciones aprobadas por el Congreso a la Ley de Extinción de Dominio, que exige una sentencia condenatoria para confiscar bienes sospechosos de origen ilícito.
La funcionaria aseguró que, a pesar de las presiones, el Estado actuará con firmeza. “No podemos dejar que nos extorsionen frente a un tema así”, dijo, recordando que la minería ilegal no es exclusiva de Pataz sino que también afecta otras regiones del país. La Policía Nacional mantendrá el orden respetando los derechos fundamentales, mientras el Ministerio del Interior continúa diseñando estrategias de interdicción para intervenir las zonas más afectadas por este fenómeno delictivo.
