El incremento en los índices de inseguridad en el país ha resultado en una pérdida del 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los impactos adversos en la economía derivados de las elevadas tasas de criminalidad se proyectan a largo plazo. Este declive representa la mayor caída registrada desde 1990.
Los sectores de pesca y agricultura han sido los más afectados por los conflictos sociales.
