El juez superior y docente universitario Giammpol Taboada respalda la reciente modificación a la Ley de extinción de dominio, destacando que se han incorporado garantías fundamentales que antes no existían.
Entre los avances más importantes, señala que ahora se exige una sentencia condenatoria en la mayoría de los casos antes de quitarle a alguien sus bienes, corrigiendo lo que antes era una aplicación desproporcionada incluso ante simples infracciones administrativas. “Eso es lo correcto desde el punto de vista constitucional”, afirma.
No obstante, Taboada también señala aspectos que deben mejorarse, como el hecho de que ciertos delitos —justamente los más graves, como la corrupción o el crimen organizado— no requieren aún condena previa.
A pesar de ello, insiste en que la dirección de la reforma es positiva y que la extinción de dominio debe fortalecerse y aplicarse con inteligencia: no contra ciudadanos de a pie, sino contra las verdaderas estructuras criminales que operan impunemente en regiones como Trujillo.
