En Lima, el debate público se intensificó en medio del acontecer político y social del país tras conocerse un acto protagonizado por la congresista Milagros Jáuregui, que generó una ola de cuestionamientos por la exposición de niñas embarazadas producto de violación sexual en una actividad abierta. El caso se difundió rápidamente en redes sociales y medios nacionales, reavivando discusiones sobre derechos de la niñez, salud mental y el rol de las autoridades en la protección de poblaciones vulnerables. La situación provocó indignación y preocupación en distintos sectores de la sociedad civil.
¿Por qué generó rechazo la exposición de niñas embarazadas?
Las imágenes mostraron a menores de edad posando junto a sus hijos en una reunión realizada en el refugio administrado por la parlamentaria, lo que fue interpretado como una vulneración a su intimidad y dignidad. Según declaraciones públicas de la propia Jáuregui, el espacio buscó enseñar a las niñas a “agradecer por el niño que va a nacer”, afirmación que fue duramente cuestionada por especialistas en derechos humanos. Diversos colectivos señalaron que exponerlas públicamente profundizó el daño emocional de las víctimas.
¿Qué dijeron organizaciones nacionales e internacionales?
Entidades como Amnistía Internacional, Flora Tristán y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaron su rechazo, al considerar que el hecho normalizó la violencia sexual infantil. A estas críticas se sumó un pronunciamiento del Partido Morado, que calificó los hechos como graves y exigió una investigación exhaustiva. Las organizaciones coincidieron en que la prioridad debía ser la protección integral de las menores.
¿Cuál fue la respuesta de Milagros Jáuregui?
Tras la avalancha de críticas, la congresista difundió un comunicado donde aseguró que todas las jóvenes del refugio contaron con supervisión del Ministerio de la Mujer. En el documento, reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana, negando cualquier tipo de vulneración. Sin embargo, las explicaciones no lograron frenar el cuestionamiento público.
¿Qué implicancias legales rodean el caso?
El escándalo se dio en el contexto del artículo 119 del Código Penal, que permite el aborto terapéutico cuando la salud física o mental de la gestante se encuentra en riesgo, como en casos de violación infantil. Colectivos ciudadanos exhortaron al Ministerio Público a investigar el refugio por el posible impacto en la salud mental de las víctimas. El episodio reabrió el debate sobre la influencia de posturas religiosas en la gestión pública.
