En Trujillo, la aplicación de la Ley 3230 abrió un intenso debate sobre el futuro de los adolescentes que cometen delitos graves. La norma establece que a partir de los 16 años los menores son considerados imputables y, por lo tanto, pueden ser enviados directamente a un penal común como el de El Milagro. Este cambio generó posiciones encontradas en la población y preocupación en instituciones como la Defensoría del Pueblo.
¿Qué implica la Ley 3230 para los menores imputables?
La disposición legal señala que adolescentes entre 16 y 21 años que cometen delitos como extorsión o sicariato deben cumplir su detención en cárceles comunes. Antes, estos jóvenes eran derivados al centro juvenil ex Floresta con programas de rehabilitación. Hoy, en el penal El Milagro, se contabilizan 24 internos de 16 y 17 años bajo este régimen.
¿Cuál es la postura de la Defensoría del Pueblo?
La Defensoría presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que el Perú tiene compromisos internacionales en la protección de menores. Su representante en La Libertad, Marí del Carmen Olortegui, sostuvo que enviar adolescentes a penales comunes no garantiza la resocialización. El organismo insiste en que la prevención y la rehabilitación deben priorizarse sobre el castigo.
¿Qué problemas enfrenta el sistema penitenciario en Trujillo?
El penal El Milagro sufre de hacinamiento y una grave falta de profesionales de apoyo. Apenas un médico atiende a más de seis mil internos y los adolescentes comparten espacios reducidos con otros reclusos. La falta de recursos convierte a la prisión en un entorno poco adecuado para jóvenes en proceso de reinserción.
¿Qué propuestas existen para mejorar la situación?
Desde la Defensoría se promueve el programa “Rompiendo Cadenas”, que busca atender a hijos de internos y prevenir la reproducción de círculos delictivos. Asimismo, se exhorta al Estado a reforzar los centros juveniles con más psicólogos y educadores. De esta manera, se busca un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de los adolescentes.
