Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) rechazó la restricción de tránsito impuesta por el Gobierno peruano en Parcoy, tras los recientes hechos de violencia en Pataz.
La empresa expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, pero advirtió que la medida afecta también a operaciones formales y legales. Denunció que esta disposición vulnera el derecho al trabajo y la libertad de empresa protegidos por la Constitución.
MARSA precisó que sus actividades mineras están en Parcoy, a más de 90 kilómetros del lugar de los crímenes, y que opera en un entorno de paz social.
Subrayó su vínculo con Llacuabamba, donde también se realiza minería formal. En su unidad minera laboran más de 4,500 trabajadores directos e indirectos, quienes se verán perjudicados por la paralización impuesta.
La empresa valoró la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero lamentó que las restricciones afectan solo a la minería formal.
Aseguró que esta medida deja intactos los verdaderos problemas como la minería ilegal y la falta de autoridad. La paralización golpea también a cadenas de proveedores y economías locales.
