En Trujillo, el clima político volvió a encenderse tras conocerse que el gerente regional de Educación, Martín Camacho, presentó una denuncia formal por difamación agravada contra cuatro consejeros regionales. El funcionario tomó esta decisión después de que las acusaciones en su contra por supuestos títulos falsos fueran archivadas por las autoridades competentes. Camacho afirmó que no permitirá que se dañe su imagen profesional ni la institucionalidad del sector educativo regional.
¿Quiénes son los consejeros denunciados por Martín Camacho?
Los denunciados por el delito de difamación agravada son Robert De la Cruz, Frank Solórzano, Edy Camacho y Nancy Puitiza. De acuerdo con la querella presentada, cada uno podría tener que pagar 500 mil soles en caso de ser hallado culpable. El monto sería destinado como reparación civil a favor del funcionario afectado. Camacho considera que las afirmaciones vertidas por los consejeros dañaron su honra y credibilidad pública.
¿Por qué se originó el conflicto entre Camacho y los consejeros?
En agosto de 2023, los consejeros mencionados acusaron a Martín Camacho Paz de ostentar títulos falsos en las especialidades de Educación Técnica (Computación e Informática) y Matemáticas en Educación Secundaria. Dichas denuncias fueron desestimadas por las autoridades tras no encontrarse irregularidades documentales.
¿Qué argumenta Camacho en su defensa?
El funcionario sostuvo que el daño ocasionado a su imagen profesional fue considerable y que su actuación se limita al ejercicio legítimo de la defensa de su honor. Camacho declaró que el archivo de las denuncias demuestra la falsedad de las acusaciones y que continuará buscando justicia.
¿Cómo impacta este caso en la gestión regional?
El proceso legal abre un nuevo frente de tensión en el Consejo Regional de La Libertad. Algunos analistas consideran que este enfrentamiento podría afectar la coordinación política entre las distintas dependencias del gobierno regional. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre los límites entre la fiscalización política y la difamación personal.
