Manuel Merino de Lama, quien tuvo el quinto gobierno más breve en la historia republicana de Perú al permanecer solo cinco días en el poder en noviembre de 2020, no solo cuenta con un trabajador pagado por el Congreso, sino también con un significativo resguardo policial. Según información de un medio de comunicación, a través de la Ley de Transparencia, en setiembre pasado, Merino de Lama disponía de 10 suboficiales de la Policía Nacional para su seguridad personal.
En un intento por justificar esta asignación, el exmandatario solicitó al Congreso el pago “por concepto de movilidad” para estos policías, adjuntando las cuentas bancarias de los mismos. Cabe señalar que el Decreto Supremo N°004-2022-IN promulgado por el entonces presidente Pedro Castillo actualiza el Reglamento de Seguridad para Funcionarios Públicos. Esta normativa establece que los expresidentes gozan de protección semi integral por la Policía Nacional por un periodo de cinco años, luego de dejar el cargo.
Sin embargo, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, cuestionó esta disposición para presidentes con mandatos tan cortos como el de Merino.
“Aquí existe un abuso del derecho. Si fuera una persona digna, habría renunciado a esa protección, especialmente cuando los policías no sobran en el país”, indicó Basombrío.
En la misma línea, Mariano González, también exministro del Interior, señaló que aunque legalmente Merino de Lama tiene derecho a seguridad, considera un “exceso el número de efectivos” asignados, sugiriendo que debería reducirse.
Además de las críticas a su seguridad, Merino de Lama enfrenta una investigación preliminar por presuntos delitos de homicidio y lesiones contra manifestantes durante su breve mandato. Mientras tanto, Francisco Sagasti, expresidente que sucedió a Merino, también recibe resguardo policial, aunque la cantidad exacta de efectivos no ha sido revelada por el Congreso.