La creciente inseguridad en Trujillo marcó la agenda diaria de la ciudad y generó preocupación constante entre vecinos, comerciantes y autoridades locales, en un contexto donde los delitos alteraron la tranquilidad urbana. En medio de este escenario, La Libertad enfrentó un déficit de más de 3,000 policías, situación que impulsó a las autoridades regionales a exigir respuestas inmediatas al Gobierno Nacional. Desde la Casa de la Identidad Regional, la gobernadora Joana Cabrera anunció una medida concreta para reforzar el control del orden interno.
¿Por qué llegarán 150 agentes DINOES a Trujillo?
La gobernadora Joana Cabrera informó que, tras comunicarse con el Ministerio del Interior, el titular del sector prometió el envío de 150 agentes de la DINOES a la región. Esta decisión respondió a la presión ejercida por las autoridades regionales frente al avance de la criminalidad en Trujillo y otras provincias. El refuerzo policial buscó atender una demanda urgente de la población que exigió acciones inmediatas.
¿Qué posición asumieron los gobernadores regionales?
Durante una reunión virtual de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, las autoridades coincidieron en la necesidad de exigir el cumplimiento de compromisos del Ejecutivo. Joana Cabrera sostuvo que las regiones no podían mantener una postura pasiva ante problemas estructurales como la inseguridad. La mandataria afirmó que alzar la voz representó la defensa legítima de las necesidades ciudadanas.
¿Qué otros proyectos exigió La Libertad al Gobierno?
Además del refuerzo policial, la gobernadora reiteró la importancia de proyectos emblemáticos como la tercera etapa de Chavimochic, que generaría más de 150,000 puestos de trabajo. También resaltó la ejecución del Hospital Regional de Trujillo con tecnología avanzada y cirugía robótica para beneficio del nororiente peruano. Según indicó, negar estos presupuestos afectó directamente el desarrollo regional.
¿Qué obras permanecieron paralizadas en la región?
Durante la actividad oficial, se mencionó la preocupación por proyectos de salud detenidos como el hospital de Virú, el hospital de Otuzco y el hospital Santa Isabel en El Porvenir. Estas obras afrontaron procesos administrativos que retrasaron su ejecución. Las autoridades regionales señalaron que insistieron ante el Gobierno para destrabar estos proyectos esenciales.
