En el contexto de la lucha contra la corrupción de funcionarios en Lima, el Ministerio Público informó sobre una sentencia contra un exalto mando policial por incremento patrimonial ilícito. Este caso se vinculó a hechos ocurridos durante su desempeño en cargos estratégicos dentro del país. La decisión judicial marcó un precedente en el control del patrimonio de autoridades.
¿Qué determinó la Fiscalía sobre el exgeneral PNP?
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro logró una condena de cinco años de prisión, suspendida por cuatro años, contra el exgeneral Máximo Sánchez. La sentencia incluyó restricciones legales tras comprobarse el incremento patrimonial ilícito. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas.
¿Cómo se detectó el incremento patrimonial ilícito?
Durante el juicio, la fiscal adjunta Katerin Yeni Ramirez Ccopa acreditó que entre 2010 y 2015, el sentenciado aumentó su patrimonio en S/ 250 190.56. Este incremento ocurrió mientras ejercía funciones en el Vraem, Huallaga y la Región Policial Junín. Los peritajes financieros evidenciaron depósitos que alcanzaron hasta S/ 400 000 en cuentas.
¿Qué irregularidades hallaron en sus declaraciones juradas?
El análisis reveló que el exgeneral omitió información en sus declaraciones ante la Contraloría General de la República. Declaró no poseer ahorros ni inversiones, pese a registrar movimientos financieros significativos. Esta contradicción fue clave para demostrar el intento de evadir controles estatales.
¿Qué sanciones adicionales impuso el Poder Judicial?
El fallo dispuso la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos. Además, se ordenó el pago de una reparación civil de S/ 300 190.56, que incluyó la devolución del dinero y una indemnización. La decisión reforzó el compromiso institucional en la lucha contra la corrupción.
