Debido al «incremento significativo» en los índices de la delincuencia, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para «asegurar el control y mantenimiento del orden interno» por un período de 30 días calendario.
Según la Resolución Suprema, la solicitud se basó en que las actividades delictivas «han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la PNP » en Lima y Callao.
No obstante, el decreto precisa que el control del orden interno permanece a cargo de la PNP y la actuación de las Fuerzas Armadas es solo un apoyo. «La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte», resalta.
