El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual de libertad de expresión. En él, documenta los principales casos de agresiones, amenazas y restricciones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas durante junio de 2025, además de emitir su análisis institucional sobre el preocupante deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país.

El CPP alertó sobre el aumento de medidas intimidatorias, tanto desde el poder político como desde sectores locales, que buscan silenciar el periodismo crítico mediante amenazas, querellas y restricciones. Asimismo, condenó la persistente deslegitimación de la prensa desde autoridades de alto nivel.

Casos durante junio del 2025

Atentado contra periodista en Yurimaguas:
El hecho más grave del mes fue el ataque a balazos contra la vivienda del periodista Carlos Alarcón, de Amazonía TV, en Yurimaguas. Se contabilizaron 13 disparos tras una serie de amenazas que el periodista había recibido. El CPP advirtió que este atentado pone en riesgo la vida del comunicador y refleja la extrema vulnerabilidad en la que trabajan periodistas de regiones.

Silencio de la presidenta Dina Boluarte:
Durante junio se cumplió el día 250 desde la última vez que la presidenta Dina Boluarte respondió preguntas de la prensa. El CPP considera que este silencio representa una forma de obstrucción al derecho a la información y una negación de la transparencia institucional.

Restricciones informativas en el Congreso:
El Congreso de la República impuso una prohibición a sus trabajadores de brindar información a periodistas sin autorización previa. Esta disposición fue calificada por el CPP como una clara restricción al ejercicio periodístico y al principio de transparencia en el Estado.

Ataques verbales desde autoridades locales:
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a referirse a la prensa como «mermeprensa», en una estrategia reiterada de deslegitimación. Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, arremetió contra el diario El Comercio, acusándolo de actuar en defensa de intereses privados.

Hostigamiento judicial contra periodistas:
La periodista Rosmery Tapara, de La República, fue víctima de hostigamiento sistemático tras publicar una investigación sobre presunto fraude en obras públicas. Recibió cartas notariales, suplantación de identidad, bloqueos telefónicos y mensajes amenazantes.

Asimismo, seis periodistas de Andahuaylas fueron denunciados penalmente por lavado de activos luego de difundir reportajes críticos a la gestión municipal. El CPP denunció que se está utilizando el sistema judicial como herramienta de censura.

Publicidad estatal y riesgo económico para medios regionales:
El informe también advirtió sobre el posible direccionamiento de más de 3 millones de soles en publicidad estatal, lo que plantea dudas sobre favoritismos. Además, una reciente norma que obliga a canales regionales a transmitirse gratuitamente por cable podría comprometer su viabilidad financiera.

Acción de amparo a favor de la libertad de expresión:
El Poder Judicial admitió una acción de amparo presentada por el IDL, que cuestiona la ampliación de funciones de la APCI. El CPP valoró este avance como un paso importante en defensa del trabajo de organizaciones independientes y medios alternativos.