Fue promulgada la ley que permite fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, con el objetivo de frenar a aquellas que promuevan el odio y la división entre los peruanos. La norma establece que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) asumirá nuevas funciones para supervisar los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional, velando por la transparencia y el buen uso de estos fondos. Se pondrá especial énfasis en revisar el accionar de una minoría de ONGs señaladas por actuar en contra de los intereses nacionales.
La ley también obliga a las entidades que reciben cooperación internacional a registrar sus planes, proyectos y gastos en una plataforma pública administrada por la APCI. Además, se faculta a la SUNAT a evaluar la creación de una unidad especializada para reforzar la supervisión dentro de su ámbito. Todo contrato entre el Estado y organizaciones gestoras de cooperación técnica requerirá conformidad previa de la APCI. La norma fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso, en un intento por fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso adecuado de los recursos externos.
