La corrupción es un problema de nunca acabar en las instituciones públicas. La Contraloría General informó que, el año pasado, se detectó un perjuicio económico de 27 850 680 soles en la región La Libertad.
Por los más de 27 millones de soles, la Contraloría General detectó responsabilidad en 339 funcionarios o servidores públicos que afrontan un proceso civil o penal. 21 de ellos, tienen un proceso administrativo abierto.
Entre los funcionarios investigados o con proceso administrativo no hay exalcaldes.
En el 2022, la Contraloría General tuvo bajo la lupa a 36 instituciones públicas en la región La Libertad y emitieron 1538 informes de control previo, simultáneo y posterior.
Joan Ramírez precisó que en marzo de este año tienen programado evaluar el legajo de los funcionarios de confianza que fueron designados en las municipalidades y Gobierno Regional.
Para este 2023, la contraloría se propuso realizar cuatro controles previos, 200 controles simultáneos y 100 controles posteriores.
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