El Congreso aprobó una ley que permite a las empresas realizar aportes a las campañas políticas con un límite de S/1 700. Esta medida, derogada en 2018 por escándalos como Lava Jato, ha generado preocupación por la posibilidad de falta de transparencia en las elecciones de 2026.
La ley incluye una opción para realizar aportes de manera confidencial. Según la ONPE, esta disposición dificulta la fiscalización y podría abrir puertas al ingreso de dinero ilícito. La medida contradice esfuerzos previos por fortalecer la transparencia en procesos electorales.
Preocupaciones por posibles actos de corrupción
Especialistas advierten que el financiamiento privado podría ser aprovechado por empresas fachada vinculadas a actividades ilícitas como minería ilegal.
