En Lima, el escenario político nacional sumó una nueva controversia luego de las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la ONU. La mandataria cuestionó que militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo continúen afrontando procesos judiciales, mientras la titular del Poder Judicial, Janet Tello, respondió públicamente a sus afirmaciones.
¿Por qué Janet Tello cuestionó a Keiko Fujimori?
Janet Tello rechazó las declaraciones de la mandataria y sostuvo que los jueces garantizan el debido proceso en los casos que involucran a integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La presidenta del Poder Judicial señaló además que las afirmaciones de Fujimori podían afectar la autonomía de los magistrados y pidió que la mandataria se retractara de lo expresado ante el foro internacional.
¿Qué respondió el Gobierno ante las críticas?
Desde el Ejecutivo también surgieron respuestas a los cuestionamientos de Tello. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo que las decisiones judiciales pueden ser objeto de críticas y que expresar una posición sobre el desempeño de jueces y fiscales no implica necesariamente una injerencia en sus decisiones.
¿Qué dijo Keiko Fujimori tras la controversia?
La presidenta Keiko Fujimori volvió a referirse al tema desde Nueva York y precisó que sus cuestionamientos estaban dirigidos a determinados magistrados y no al conjunto del sistema judicial. La mandataria sostuvo que sus expresiones no buscaban menoscabar la autonomía del fuero judicial, en medio de las críticas formuladas por Tello.
¿Cómo continúa la disputa entre ambos poderes?
El intercambio abrió un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con posiciones distintas sobre los límites de la crítica a las decisiones judiciales. La controversia se centró en los procesos contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la independencia judicial.
¿Qué está en discusión tras el discurso ante la ONU?
El debate quedó instalado entre quienes consideran que las autoridades pueden cuestionar públicamente actuaciones judiciales y quienes advierten sobre la necesidad de preservar la independencia de los magistrados. El caso mantiene la atención sobre la relación entre los poderes del Estado y el papel que corresponde a cada institución dentro del sistema democrático peruano.
