En medio del acontecer político y judicial de La Libertad, el caso del proyecto Virú Mar continúa siendo tema de debate tras casi dos décadas. Durante la última sesión del consejo regional, el procurador Pedro Armas presentó detalles del proceso de judicialización que afecta a este ambicioso proyecto privado.
¿Por qué el proyecto Virú Mar está judicializado?
El caso se remonta al año 2018, cuando el Gobierno Regional de La Libertad suscribió un contrato de compraventa con el Consorcio Virú Mar y la Corporación Valle Alto SAC. Sin embargo, según el procurador, no se concretó la entrega formal de las 415 hectáreas, lo que derivó en una serie de conflictos contractuales. El gobierno regional intentó revertir la venta por incumplimiento, pero los vacíos legales complicaron el proceso.
¿Qué irregularidades ocurrieron en el proceso legal?
Una de las situaciones más llamativas fue que el Gobierno Regional no designó a un árbitro para el proceso. Pedro Armas indicó que se encontraba de permiso cuando llegaron las notificaciones, y no se actuó oportunamente. Esto dejó al Estado en desventaja, lo que terminó en la pérdida del laudo arbitral, actualmente judicializado.
¿Quiénes son los responsables del conflicto?
Ante el consejo, el procurador señaló directamente a quienes considera responsables de la situación, aunque no se hicieron públicos todos los nombres. El Consejo Regional solicitó un informe detallado que incluya procesos administrativos y denuncias penales en curso.
¿Cuánto valen actualmente las tierras de Virú Mar?
El valor de cada hectárea del proyecto oscila entre 10 y 15 millones de soles, según se informó en la sesión. Este dato reafirma el alto interés económico en torno al conflicto y la necesidad de esclarecer responsabilidades. El caso Virú Mar continúa sin resolverse, manteniendo su peso mediático y legal.
