En un punto crítico de su agenda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta el riesgo de un parón significativo. Actualmente, 136 candidatos a jueces y fiscales están en la recta final para ocupar cargos cruciales en el sistema judicial peruano, inmersos en la última fase de un meticuloso proceso de selección. Las entrevistas personales, iniciadas el 18 de octubre, podrían ser abruptamente suspendidas si los miembros del pleno de la JNJ son destituidos, dejando las decisiones en el limbo hasta el 14 de noviembre.
La JNJ no solo se ocupa de nuevas incorporaciones; también está en la tarea de calificar la aptitud de 300 magistrados mediante la evaluación de más de 3,000 informes. Con el reloj corriendo hasta el 11 de diciembre, la situación se complica para 81 jueces y 219 fiscales, quienes esperan la ratificación de su idoneidad. Paralelamente, 54 jueces y fiscales están sometidos a una evaluación parcial de su desempeño, un proceso que debe concluir para el 15 de diciembre, con un paso crucial entre el 5 y 11 del mismo mes: la notificación de los informes finales.
La estabilidad de estos procedimientos se tambalea ante la posibilidad de una destitución de los miembros del pleno de la JNJ. El quórum necesario para las sesiones, un estricto dos tercios de sus integrantes, se ve amenazado no sólo por la destitución sino también por abstenciones debido a conflictos de interés. La integridad de las decisiones judiciales pende de un hilo, con la justicia y sus aspirantes aguardando en un mar de incertidumbre.