El Jurado Especial de Elecciones de Pacasmayo solicitó descargos a las más altas autoridades del Congreso de la República por el presunto uso indebido de una cámara institucional en un mitin político. Este requerimiento ingresó a revisión tras un informe que advirtió vulneración normativa vinculada a neutralidad electoral. El caso incluye responsabilidad administrativa y eventual configuración penal por peculado por uso según artículo 387 del Código Penal. El hecho se volvió tema público porque involucra bienes estatales en periodo electoral.
¿Uso indebido de cámara institucional configura infracción electoral?
Según el documento enviado, un servidor del Congreso utilizó el equipo para fines partidarios. La renuncia de este trabajador no excluyó su responsabilidad. La tipificación penal por peculado por uso sostiene que un bien estatal no debe servir para actividades políticas ajenas a función pública. Este indicio motivó la actuación del órgano electoral.
¿Qué responsabilidad señala el informe sobre el Oficial Mayor?
El informe precisó que el Oficial Mayor del Congreso ocupa la máxima autoridad del servicio parlamentario. Se indicó que no cauteló el control, supervisión y administración del bien. La omisión habría favorecido indirectamente a una organización política. Esta conducta se enmarca en el subnumeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento de propaganda electoral.
¿Qué se atribuye al Presidente del Congreso en este caso?
El documento también señaló responsabilidad funcional al Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Se describió que no se garantizó el uso adecuado de equipos institucionales. El informe estableció que un bien público habría beneficiado a un partido político. Esto constituye infracción a neutralidad electoral en etapa de campaña.
¿Qué trámite corresponde ahora según recomendación del reporte?
El informe recomendó elevar la documentación al Pleno del JEE de Pacasmayo. La autoridad deberá resolver y determinar procedimientos a seguir. El órgano electoral tiene atribuciones para aplicar medidas dentro de normativa vigente. Esta recomendación formal se incorporó al expediente para su evaluación final.
