En Jaén, la tensión por el retraso en las obras del aeropuerto desembocó en un incidente que generó preocupación ciudadana. Un grupo de ronderos decidió tomar acciones directas contra el representante de Corpac, al considerar que los compromisos asumidos para mejorar la pista de aterrizaje no se cumplieron en los plazos prometidos. El hecho ocurrió en presencia del alcalde de la provincia, lo que generó un debate sobre la participación de las autoridades locales en este suceso.
¿Por qué los ronderos castigaron al funcionario de Corpac en Jaén?
Los dirigentes comunales sostuvieron que se sienten burlados por la falta de avances en los trabajos, señalando que desde el mes pasado se prometió la entrega de la obra. Ante esta situación, un grupo de ellos ingresó al aeropuerto y castigó con latigazos al gerente de administración de Corpac, Jorge Luis López. Los ronderos consideraron que la demora constituye una falta de respeto a la población de Jaén y a sus autoridades.
¿Qué papel tuvo el alcalde de Jaén en este incidente?
El alcalde de Jaén estuvo presente durante la incursión de los ronderos al terminal aéreo. Según los testigos, acompañó la comitiva que ingresó al recinto y observó el castigo aplicado al funcionario. La presencia de la máxima autoridad municipal ha generado cuestionamientos sobre si existió o no una aprobación tácita de la acción, lo que podría tener repercusiones políticas y legales en la provincia.
¿Cómo reaccionó Corpac tras el ataque a su funcionario?
La empresa Corpac emitió un comunicado oficial en el que rechazó tajantemente cualquier acto de violencia. Expresó su solidaridad con el gerente de administración y reiteró que los trabajos en el aeropuerto de Jaén continúan. La institución hizo un llamado a la calma y aseguró que los compromisos de obra se cumplirán.
¿Qué consecuencias podría traer la acción de los ronderos?
El castigo aplicado por los ronderos pone en debate los límites de la justicia comunal frente a las normas nacionales. Si bien las rondas se consideran garantes del orden en zonas rurales, este hecho suscita interrogantes sobre la legalidad de sus decisiones en espacios públicos estratégicos como un aeropuerto. El caso podría motivar intervenciones judiciales y abrir un debate sobre el rol de las autoridades locales en estas situaciones.
