Trujillo enfrenta una ola de inseguridad que mantiene en alerta a la ciudadanía y a las autoridades nacionales. Las recientes denuncias contra las bandas criminales y la gestión del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, situaron a la región en el centro de la discusión pública. La violencia y los delitos de alto impacto exigen respuestas rápidas y efectivas del Estado.
¿Cómo busca el Congreso frenar la inseguridad en Trujillo?
El congresista Héctor Acuña planteó que la lucha contra el crimen debe abordarse con acciones paralelas, tanto en el control interno de la Policía Nacional como en la creación de nuevas figuras legales. Una de sus propuestas centrales es reconocer el delito de terrorismo urbano, endureciendo las sanciones contra las organizaciones delictivas que operan en la ciudad.
¿Es necesario modificar las penas actuales?
Durante la entrevista, el parlamentario sostuvo que las condenas en el país son demasiado blandas. Mientras en naciones como Chile o Brasil las penas superan los 100 años, en el Perú los delincuentes pueden salir antes de cumplir 20 años por beneficios penitenciarios. Acuña advirtió que sin cambios en el Código Penal, la impunidad continuará fortaleciendo a las mafias.
¿Qué críticas recibe la gestión regional y el pedido de estado de sitio?
El gobernador regional, César Acuña, generó controversia al proponer un estado de sitio en La Libertad, medida que especialistas calificaron de inconstitucional. Para el congresista, la solicitud refleja desconocimiento de la normativa, pues este recurso solo procede en casos de guerra. Según explicó, es necesario aplicar medidas firmes contra la delincuencia, pero sin vulnerar la Constitución.
¿Existen indicios de corrupción en obras públicas?
Otro punto señalado fue la presunta macrocorrupción en contratos millonarios de obras regionales. El Parlamentario denunció que consorcios favorecidos por el Estado estarían desviando millones de soles, lo que demuestra un grave problema de desgobierno. La Comisión de Fiscalización del Congreso anunció que evaluará investigar a los gobernadores y ministros involucrados.
