El especialista en gestión de asuntos públicos en crimen y violencia, Nicolás Zeballos, explicó los alcances en materia de seguridad ciudadana, luego de lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte durante su discurso del 28 de julio.
Lo primero a tomar en cuenta, fue la cifra oficial de homicidios emitida por última vez en 2021 por el Instituto de Criminología. Según Zeballos, a pesar que en la actualidad no existe una cifra oficial, las tendencias sugieren que habido incremento de homicidios, ello a pesar, que el tan mencionado plan Bukele tiene como objetivo principal la reducción de estos.
De igual forma, habló acerca del plan “Perú Seguro” que se aprobó el año 2023, pero que sin embargo a la fecha ha mostrado datos muy poco operativos, para el especialista la clave sería poder tener una estrategia clara respecto, no solo en los operativos, sino en cómo protegemos a las víctimas.
En la región La Libertad, se tiene información y entrevistas de profesores que van a ciertos lugares alejados donde no hay comisarías. De igual forma, se tiene evidencia desde hace más de 20 años sobre casos de extorsión en la región. Recordemos los casos de los stickers extorsivos en distintas empresas de transporte público, según Zeballos esto no es una situación actual, sino algo que se venía incubando desde mucho antes.
Zeballos también relató, que en ocasiones dos o tres adolescentes que se juntan para imitar lo que están haciendo otros delincuentes, tomando para ello el nombre de una organización criminal que tiene cierta visibilidad, de esta forma se presentan ante sus víctimas para cobrar el cupo a cambio de una supuesta seguridad.
Por otra parte, resaltó que el crimen no opera en el vacío, sino que más bien cada una de las organizaciones tiene su fenomenología particular, operando en conjunto con las economías ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, lo que origina que los delincuentes logren poseer muchos productos explosivos y armas.
Según Zeballos, a pesar de los constantes operativos que realizan, la policía no logra frenar la inseguridad. El motivo, según el especialista, sería la precariedad estructural, en el que se encuentran la falta de equipos, vehículos y radios. Además, resaltó que muchas amenazas provienen de grupos pequeños difíciles de rastrear, siendo el tiempo promedio de respuesta ante emergencias de 30 a 60 minutos, reduce la eficacia policial.
De igual forma, mencionó que la construcción de penales es necesaria, pero su qué impacto será limitado si no se articula con el trabajo de fiscalías, poder judicial y policía. Según Zeballos, el sistema de justicia necesita actuar de forma coordinada y ágil para enfrentar la creciente amenaza de la criminalidad en el país.
