La inseguridad ciudadana le cuesta al Perú aproximadamente 35 mil millones de soles al año, una cifra que incluye tanto el gasto público en orden interno como las pérdidas que enfrentan especialmente los pequeños empresarios, advirtió Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto. «Muchos negocios con puerta a calle se debaten entre cerrar o pagar cupos», sostuvo. Además, alertó que este clima de violencia desincentiva la inversión a largo plazo y limita el crecimiento económico. De hecho, estimó que el país podría aumentar su crecimiento en un punto porcentual si se controlara parcialmente la delincuencia.
Castilla puso como ejemplo la situación de la región La Libertad, que ha registrado una recesión en el primer trimestre de 2025, a pesar de que el país creció 4 % desde 2019. Esta caída se explica principalmente por la contracción del sector minero, afectado por la paralización de la producción de oro en zonas tomadas por la ilegalidad. «Estamos viendo un desacople peligroso: precios altos del oro, pero baja producción debido a la inseguridad», explicó el economista, quien también cuestionó la ineficacia de mecanismos como el REINFO para enfrentar la minería ilegal.
El impacto de la violencia en La Libertad es alarmante: casi dos de cada tres liberteños consideran que la inseguridad es el principal problema de la región, según encuestas de hogares. Castilla señaló que este fenómeno afecta por igual a todos los estratos sociales y está vinculado con economías criminales más amplias. Criticó, además, la inacción del Ejecutivo y del Congreso en reemplazar marcos legales ineficientes, como el REINFO, y subrayó la necesidad urgente de una política clara para enfrentar la minería artesanal e informal, que desde hace 13 años sigue en condición de temporalidad.
