En medio de la creciente inseguridad que afecta al país, el reciente mensaje de Dina Boluarte generó gran indignación en Trujillo. La presidenta pidió a la población no contestar llamadas desconocidas, una medida que fue percibida por muchos como una respuesta insuficiente ante la ola delictiva que mantiene en zozobra a los ciudadanos. Las calles trujillanas reflejan el cansancio y la frustración de una población que exige acciones concretas y no simples advertencias.
¿Qué opinan los trujillanos sobre el mensaje presidencial?
Durante un recorrido por diversos sectores, varios ciudadanos manifestaron su descontento con las declaraciones de la mandataria. Algunos afirmaron que la delincuencia “le ganó la batalla a la seguridad”, mientras otros señalaron que el Gobierno parece desconectado de la realidad. Las víctimas de robos y extorsiones aseguran que viven con miedo y que las recomendaciones no son suficientes para frenar a las bandas criminales.
¿Cómo afecta la inseguridad a la vida diaria en Trujillo?
El temor ha cambiado la rutina de los trujillanos. Comerciantes cierran más temprano, transportistas evitan ciertas rutas y familias limitan sus salidas nocturnas. Los vecinos reclaman más presencia policial y acciones visibles que devuelvan la tranquilidad perdida. En muchos barrios, los vecinos se organizan por su cuenta para vigilar sus calles, evidenciando la ausencia del Estado.
¿Qué exigen los ciudadanos al Gobierno?
Los entrevistados coincidieron en la necesidad de estrategias efectivas y una coordinación real entre el Gobierno central y las autoridades locales. Exigen resultados, no promesas. Piden que se fortalezca el trabajo de inteligencia, se capture a los líderes de mafias y se refuercen las comisarías que carecen de personal y equipamiento.
¿Qué expectativas hay hacia el futuro político del país?
Algunos trujillanos aprovecharon para reflexionar sobre el futuro político del Perú. Mencionaron que las próximas elecciones serán clave para exigir cambios reales y elegir a autoridades comprometidas con la seguridad ciudadana. La población espera que el próximo gobierno priorice la lucha contra la delincuencia como una política de Estado y no como una promesa electoral.
