La ciudad de Trujillo amaneció con una protesta significativa en el sector de rehabilitación juvenil. Los trabajadores de Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) iniciaron una huelga nacional de 72 horas para exigir el cumplimiento de acuerdos previos y denunciar la crítica situación que atraviesan los centros juveniles en el país. En el exterior del Centro Juvenil de Rehabilitación Exfloresta, delegados sindicales informaron sobre las principales demandas que los llevaron a esta medida.
¿Cuáles son los reclamos de los trabajadores en Trujillo?
Según Johnny Rojas, delegado sindical, la huelga responde al incumplimiento de actas y compromisos firmados en negociaciones colectivas. Denunció que, pese a insistentes pedidos de diálogo, los funcionarios no ofrecieron soluciones. Los trabajadores también señalaron fallas graves en la gestión de los centros juveniles, evidenciadas en fugas, motines y hechos de corrupción. La protesta busca que se devuelva la administración de estos centros al Poder Judicial y deje de estar bajo el Ministerio de Justicia.
¿Cuántos trabajadores acatan la huelga nacional?
A nivel nacional, aproximadamente 700 trabajadores del régimen laboral 728 y CAS participan en la medida de fuerza. En Trujillo, el paro involucra a unos 31 trabajadores, alcanzando un nivel de acatamiento de entre 98% y 100%. Pese a la huelga, se mantiene el funcionamiento de áreas esenciales para garantizar la atención de los menores internos.
¿Cómo afecta la huelga a los menores internos?
Los sindicatos aclararon que respetan las normas y que los servicios críticos no se interrumpen. Sin embargo, advirtieron que la sobrepoblación en el centro juvenil de Trujillo agrava la situación. La institución tiene capacidad para 80 internos, pero actualmente alberga a 236 adolescentes, lo que incrementa el riesgo de violencia y reyertas.
¿Qué acciones esperan del Ministerio de Justicia?
Una comisión de dirigentes sindicales viajó a Lima para reunirse con el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Los trabajadores esperan que la autoridad escuche sus reclamos y tome decisiones que permitan mejorar las condiciones de los centros juveniles. De no haber avances, advierten que podrían radicalizar sus medidas de lucha.
