La seguridad en los establecimientos penitenciarios volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno, en medio de las medidas que se preparan para enfrentar al crimen organizado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció una propuesta que contempla la participación de las Fuerzas Armadas en el control externo de los penales. La iniciativa formaría parte del paquete de facultades legislativas que el Ejecutivo elevará ante el Parlamento.

¿Qué función asumirían las Fuerzas Armadas en los penales?

La propuesta plantea que las Fuerzas Armadas realicen el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios, una función orientada a reforzar la vigilancia en las zonas externas de los centros de reclusión. De acuerdo con el ministro Álvarez, esta medida permitiría complementar las labores de seguridad que actualmente se desarrollan alrededor de los penales. El objetivo señalado por el sector Justicia consiste en impedir el ingreso de objetos prohibidos y fortalecer la seguridad en los alrededores de estos establecimientos.

¿Por qué el Gobierno plantea reforzar la vigilancia externa?

Según explicó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el control perimétrico también buscaría enfrentar la presencia de antenas y otros elementos ubicados en los alrededores de los penales, que podrían ser utilizados por organizaciones criminales. La autoridad sostuvo que estos mecanismos pueden facilitar comunicaciones desde el interior de los establecimientos penitenciarios. La propuesta apunta, por ello, a incrementar la vigilancia sobre los espacios externos sin modificar las funciones internas asignadas al sistema penitenciario.

¿Qué cambios prepara el Ministerio de Justicia para los penales?

El ministro Ernesto Álvarez Miranda señaló que su gestión impulsará una reforma del sistema penitenciario, debido a las dificultades que enfrentan las instituciones encargadas de administrar los establecimientos de reclusión. En ese contexto, mencionó que la crisis política afectó el funcionamiento de distintos ministerios y organismos, entre ellos el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La reforma planteada buscaría fortalecer la capacidad institucional y mejorar la respuesta frente a los problemas que afectan al sistema.

¿Qué coordinación habrá entre Policía, Fiscalía y Justicia?

Otra de las prioridades anunciadas por el ministro consiste en fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sector Justicia. La finalidad es establecer un protocolo de actuación interinstitucional para la investigación del delito, con criterios coordinados entre las entidades involucradas. El Gobierno plantea así una estrategia que combine cambios en la seguridad penitenciaria con una mayor coordinación entre las instituciones responsables de investigar y combatir el delito.