El Consejo de la Prensa Peruana expresó su preocupación por la propuesta del gobierno de implementar una franja informativa obligatoria. Según el gremio, esta medida afectaría la pluralidad de puntos de vista y el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa. El anuncio generó rechazo en el sector periodístico, que ve en esta exigencia una posible censura informativa y una amenaza a la independencia de los medios.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que la franja se impondría mediante una modificación a la Ley de Radio y Televisión. Posteriormente, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, precisó que el espacio tendría una duración de 40 minutos. A pesar de ello, el premier Gustavo Adrianzén intentó matizar la medida, señalando que se trataría de una invitación a la prensa, lo que generó más confusión sobre la real intención del Ejecutivo.
Posibles riesgos de la franja informativa para la ciudadanía
Obligar a los medios a difundir información gubernamental sin edición puede afectar la pluralidad informativa y la fiscalización del poder. La medida impediría el análisis crítico de los contenidos oficiales y podría derivar en una desinformación gubernamental. La ciudadanía podría ver restringido su acceso a información contrastada e imparcial, lo que es esencial en un contexto democrático.
Un intento de mejorar la imagen de un gobierno con baja aprobación
La propuesta surge en un momento en el que la presidenta Dina Boluarte y varios funcionarios han acusado a la prensa de actuar en su contra. La medida podría ser vista como un intento del gobierno de mejorar su imagen en un tema crucial como la inseguridad ciudadana. Sin embargo, los medios de comunicación ya brindan una amplia cobertura sobre la criminalidad y el trabajo de la Policía Nacional del Perú, sin necesidad de una imposición estatal.
