En medio de una creciente tensión por la informalidad en el sector extractivo, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, lideró una nueva sesión de trabajo en Lima con actores claves del rubro minero. La cita se desarrolló como parte de la segunda reunión de la mesa técnica que busca allanar el camino hacia una legislación integral sobre la formalización minera en el país.
La iniciativa se perfila como una respuesta estatal a la demanda urgente de miles de mineros artesanales que buscan operar dentro del marco legal.
¿Qué decisiones tomó el premier sobre la formalización minera?
En la reunión, Arana anunció la creación de un subgrupo técnico y jurídico para evaluar las observaciones legales presentadas por los gremios mineros. Esta medida no representa una marcha atrás, sino una estrategia para afinar detalles normativos. El objetivo es consolidar un proceso inclusivo sin sacrificar el rigor legal ni la sostenibilidad ambiental.
¿Continuarán las interdicciones contra minería ilegal?
Sí. Durante el encuentro, los participantes —incluidos ministros, congresistas y representantes del sistema de justicia— reafirmaron su respaldo a las interdicciones contra la minería ilegal. Esta decisión refuerza el mensaje de que el Gobierno no tolerará actividades fuera del marco legal.
¿Qué busca la futura ley MAPE?
La mesa técnica avanza en el diseño de una ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que ofrezca un camino de acompañamiento formal a los trabajadores mineros. Se prevé que esta ley genere beneficios legales, económicos y técnicos a quienes transiten hacia la legalidad.
¿Qué implica este proceso para los gremios mineros?
Los gremios mineros valoran el diálogo abierto, pero exigen reglas claras y condiciones viables para formalizarse. La creación del subgrupo jurídico podría ser un punto de equilibrio entre sus demandas y la necesidad estatal de ordenar el sector extractivo.
