En medio de una creciente preocupación por la transparencia en el sector educativo, la Fiscalía Anticorrupción de Áncash intervino las oficinas de la Dirección Regional de Educación en Huaraz. La acción se realizó tras una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de selección del nuevo director de la UGEL Huari, generando atención en la comunidad educativa y autoridades locales.
El hecho puso en evidencia la necesidad de mayor control y vigilancia en los procedimientos administrativos que rigen el sistema educativo regional.
¿Por qué la Fiscalía intervino la Dirección Regional de Educación?
Según fuentes del Ministerio Público, la intervención tuvo como objetivo recabar documentos y verificar el cumplimiento de las normas en la designación del nuevo titular de la UGEL. Roger Chinchay, fiscal anticorrupción a cargo del operativo, indicó que se investigan indicios de fraude y favoritismo dentro del proceso de evaluación. Las diligencias incluyeron la revisión de expedientes y actas del comité evaluador.
¿Qué denunció el director de la UGEL Huari?
El actual director de la UGEL, Miguel Aristas, cuestionó públicamente el accionar del Director Regional de Educación. Señaló que el funcionario tenía conocimiento previo de las irregularidades detectadas y formó parte del jurado que habría favorecido a uno de los postulantes. Sus declaraciones generaron tensión dentro de la institución, al poner en duda la legitimidad del proceso.
¿Qué irregularidades se detectaron en el concurso?
De acuerdo con la denuncia, el postulante ganador presentó un documento de maestría presuntamente falsificado. Pese a ello, el comité no habría emitido ninguna observación formal ni denunciado el hecho ante las autoridades competentes. El caso encendió las alertas sobre posibles redes de corrupción en el sector.
¿Qué medidas adoptó la Fiscalía tras la intervención?
El fiscal Roger Chinchay confirmó que se recopilaron diversos documentos y testimonios. La Fiscalía Anticorrupción continúa con las investigaciones para identificar responsabilidades y determinar si hubo delitos de falsificación y tráfico de influencias. El Ministerio Público aseguró que se garantizará un proceso transparente, con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones educativas.
