La Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal La Libertad abrió investigación preliminar a César Arturo Fernández Bazán, Eduardo Liu Palacios y Silvia Esperanza Vásquez Saldaña (exsubgerente de Abastecimientos), entre otros, por hechos ocurridos el año pasado en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Esto, tras indagaciones y recojo de evidencias respecto a las contrataciones de personal direccionadas y simuladas de: Hugo Chavarry Pizango, Heberth Concha Cano y Alejandro Pérez Bermúdez, aparentemente para ofrecer un servicio de seguimiento y coordinación de actividades administrativas para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, todos con las mismas funciones y términos de referencia, por lo que decidieron fraccionar la contratación con el objeto de evadir un proceso de selección, lo que está prohibido.

Las personas citadas supuestamente fueron contratadas para brindar el servicio de coordinar actividades entre Seguridad Ciudadana y las demás áreas de la MPT para el reforzar las actividades y capacitación del personal de serenazgo; Participar en reuniones de trabajo para la implementación de medidas inmediatas de seguridad en las diferentes áreas de la MPT; Elaborar protocolos de seguridad; y Coordinar acciones de respuesta rápida.

En sus declaraciones, los investigados Hugo Chavarry Pizango, Heberth Concha Cano y Alejandro Pérez Bermúdez indicaron que vivían en la casa de los padres de César Arturo Fernández Bazán; en tanto que Alan Sucapuca vivió en la casa del suspendido alcalde.

A Eduardo Liu, se le investiga como autor del delito de peculado doloso agravado y a Arturo Fernández como instigador. A Eduardo Liu y Silvia Vásquez como autores y a Arturo Fernández como instigador del delito de negociación incompatible; y a Eduardo Liu y Arturo Fernández como autores del delito de falsedad ideológica.

Por ello dispusieron notificar por cuarta vez a Eduardo Liu y Arturo Fernández para que rindan su declaración el próximo 25 de julio; reprogramando por segunda vez la declaración testimonial de Marielyth Karina Bailón Valderrama (exgerente de Recursos Humanos de la MPT) debiendo concurrir de forma presencial, con el apercibimiento de ser conducida compulsivamente en caso de inconcurrencia.

Las notificaciones para que concurran a declarar a la Fiscalía incluyen a otros exfuncionarios de la gestión del autodenominado Loco de Moche.

La directiva N° 002-2021-MPT señala que está prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y/o consultorías con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual; así como dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección para evadir la aplicación de la normativa vigente y dar lugar a contrataciones iguales o menores a ocho UIT.

La contratación antes descrita tenía como objeto prestar un servicio de seguridad personal particular y conductores particulares a César Fernández y no a las actividades que se señalaban en los términos de referencia para los que fueron contratados.

Hugo Chavarry Pizango, Heberth Concha Cano, Alejandro Pérez Bermúedez y Alan Sucapuca Camasita, iniciaron labores el 10 de septiembre de 2023, cobrando mensualmente S/ 4,500.00.

Ellos recibieron un total de S/ 58,500.00 Alan Sucapuca (S/ 13,500.00), Alejandro Pérez (S/ 9,000.00), Hebert Concha (S/ 18,000,00) y Hugo Chavarry (S/ 18.000.00) por realizar actividades particulares y privadas que se simulaban como servicio de seguimiento y coordinación de actividades administrativas en la MPT, sin que el área usuaria –en este caso la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a cargo de Eduardo Liu Palacios- exija informes de las actividades cumplidas o entregables evidenciando la prestación del servicio.

La investigación fiscal señala que Arturo Fernández indujo a Eduardo Palacios Liu a la realización del delito, debiendo simular un servicio, pese a conocer que el ente encargado de brindarle seguridad era la Policía Nacional y no la entidad municipal.

El delito de negociación incompatible está previsto en el art. 399° del Código Penal y prescribe que el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación.