La extorsión en el sector transporte volvió a generar preocupación en Trujillo, donde representantes del gremio analizaron el alcance de la nueva ley 32490. Este contexto se vincula con la inseguridad que se vive cada semana en la ciudad, especialmente en corredores urbanos y zonas de alto tránsito. Transportistas alertaron que las bandas de criminales continúan exigiendo pagos ilegales. La discusión se centró en si la norma realmente responde al problema o solo cubre a un segmento reducido.
¿La nueva ley beneficia a todos los afectados?
El presidente de la central de transportistas de la macrorregión norte, Ronald Grados, señaló que la norma colocó como beneficiarios solo a empresas formales. Indicó que los operadores independientes no están incluidos. Mencionó que incluso asociaciones quedarían fuera del subsidio, pese a sufrir ataques o daños.
¿Hay diferencias en los ataques entre Lima y provincias?
El vocero afirmó que las agresiones visibles se trasladaron más a Lima. Explicó que en regiones muchos buscaron seguridad particular para evitar ataques. Dijo que este cambio no significó que el problema desapareció, sino que se transformó en prácticas menos evidentes. No descartaron presencia de enfrentamientos entre bandas.
¿Policía y fiscalía deben reformar estrategias?
El representante indicó que medidas policiales se convirtieron en parte del marco legal. Señaló que el fondo económico del Estado no cubriría adecuadamente los casos en zonas alejadas. Consideró que existe corrupción interna que bloquea resultados. Pidió filtros estrictos en instituciones de seguridad.
¿Qué plantea el gremio para cambiar esta situación?
Señalaron que el diálogo con Lima no puede ser excluyente. Pidieron participación regional permanente. Sostuvieron que el sector enfrenta sanciones desproporcionadas, como en licencias de conducir, y exige reformas equilibradas. Insistieron en que la seguridad debe enfocar prevención y protección directa al operador.
