El Congreso de la República aprobó este jueves una modificación al Código Penal que autoriza la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. La norma fue respaldada por 97 votos y no requerirá una segunda votación. Solo falta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo para que entre en vigor.
La medida responde a la creciente preocupación de la población por la inseguridad, y apunta a acelerar los procesos judiciales en casos donde la culpabilidad es evidente.
¿Cuándo y cómo se podrá ordenar la expulsión?
Según la reforma, el juez penal podrá disponer la expulsión del extranjero durante la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas siguientes a la captura, siempre que quede claramente establecida la flagrancia del delito. Es decir, que haya sido cometido en el acto y existan pruebas concluyentes.
Este mecanismo permitirá que el sistema judicial actúe con mayor rapidez en casos de delitos evidentes y cometidos por personas que no tienen nacionalidad peruana.
¿Hay excepciones?
Sí. La nueva norma no se aplicará en todos los casos. Se excluye expresamente a:
- Menores de edad.
- Personas que estén solicitando refugio o asilo.
- Casos en los que la expulsión pueda vulnerar derechos fundamentales.
Estas salvaguardas se alinean con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Perú. Por ejemplo, si un extranjero detenido alega persecución política en su país de origen, su situación será evaluada con especial cautela.
¿Por cuánto tiempo se les prohibirá volver al país?
La ley establece que los extranjeros expulsados no podrán reingresar al Perú por un periodo equivalente al máximo de la pena establecida para el delito que cometieron. Esto significa que la sanción migratoria puede oscilar entre 5 y 25 años, dependiendo de la gravedad del delito.
Así, se busca que la respuesta del Estado sea proporcional a la infracción cometida, reforzando a la vez los mecanismos de control migratorio.
Una medida con respaldo político y popular
Aunque aún falta la promulgación por parte del Ejecutivo, la amplia mayoría parlamentaria que respaldó esta iniciativa refleja un consenso político frente al desafío de la inseguridad. Diversos sectores han señalado que esta herramienta podría ser clave para frenar el accionar de bandas criminales que operan con miembros extranjeros.
El debate ahora se traslada a la implementación: ¿será efectiva esta medida para reducir los delitos en el país sin vulnerar derechos fundamentales? El tiempo y la aplicación práctica de la ley darán la respuesta.
