El Consejo Provincial de Trujillo evalúa un controvertido convenio firmado en 2015 con el Ministerio de Vivienda, que permitiría la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona de Covicorti sin un estudio de impacto ambiental.
Según el regidor Luis González Rosel, este proyecto podría generar contaminación en el aire y el mar de la ciudad, además de abrir la puerta a la privatización del servicio de agua y alcantarillado, lo que pondría en riesgo el control de las tarifas para los ciudadanos.
La propuesta alternativa es trasladar la infraestructura al terreno de Sedalib en El Tablazo, donde las aguas tratadas podrían reutilizarse para el riego y la reforestación.
Ante esta situación, el Consejo Provincial busca modificar el convenio mediante una adenda para evitar la concesión del servicio a una empresa privada, la cual, según González Rosel, priorizaría la rentabilidad sobre el bienestar de la población. Se ha conformado una comisión de recursos hídricos para evaluar el tema, y el alcalde Mario Reyna ha propuesto una ordenanza declarativa que reafirma la necesidad de mantener el proyecto bajo control público.
Sin embargo, el tiempo apremia, ya que el Ministerio de Vivienda mantiene su cronograma, por lo que las autoridades locales deberán actuar con rapidez para evitar la privatización del servicio y los impactos ambientales negativos.
