El Gobierno de Perú ha declarado un estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao debido a un aumento alarmante en los casos de extorsión a empresas de transporte público.
Esta decisión, anunciada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, se extenderá por un período de 60 días. Los distritos afectados incluyen Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla. La medida busca fortalecer el control del orden interno a través de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Proyecto de ley sobre terrorismo urbano
Además del estado de emergencia, el gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso que tipifica el delito de terrorismo urbano. Este proyecto busca abordar conductas delictivas como el sicariato, el secuestro y la extorsión. Según Astudillo, esta iniciativa es una respuesta integral para combatir la criminalidad que afecta a la población. La propuesta incluye penas severas para quienes cometan estos delitos, con el objetivo de disuadir a los criminales y proteger a los ciudadanos.
Impacto en la Seguridad Ciudadana
La intervención militar se considera una «importante decisión política» que requiere la participación activa de todos los sectores sociales. El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, ha enfatizado que la selección de estos distritos se basa en su alta incidencia delictiva. La presencia policial se intensificará en áreas críticas como estaciones de autobuses y paraderos para prevenir más incidentes relacionados con la extorsión. Esta estrategia busca no solo restablecer el orden público sino también generar un ambiente más seguro para los ciudadanos.
Consecuencias del paro de transportistas
El anuncio del estado de emergencia coincide con un gran paro organizado por transportistas que demandan mayor seguridad ante la creciente ola de violencia. Este paro ha resultado en largas colas y tráfico significativo en la ciudad. La situación ha llevado a que al menos tres conductores sean asesinados recientemente debido a conflictos relacionados con la extorsión. Las autoridades están comprometidas a abordar estas preocupaciones y asegurar que se implementen medidas efectivas para restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad.
