La región La Libertad enfrenta serias limitaciones en su entorno institucional, lo que ha frenado parte de su avance en competitividad, según advirtió Stefani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
La creciente percepción negativa sobre la gestión pública regional, sumada al incremento en los niveles de victimización por hechos delictivos, refleja un deterioro en la calidad de los servicios prestados por autoridades municipales y del gobierno regional. Este contexto está vinculado, además, al avance de economías ilegales como la minería ilegal, fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años.
A pesar de estos desafíos, La Libertad se mantiene en el puesto 8 del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, la misma posición que ocupaba en 2016. No obstante, este resultado no debe interpretarse como una falta de progreso, sino como una señal de que otras regiones han logrado avances más acelerados en diversos pilares del desarrollo. El INCORE mide el avance relativo, por lo que incluso mejoras dentro de una región pueden no reflejarse en un ascenso en el ranking.
Entre los aspectos positivos, Maita destacó avances en indicadores sociales clave. Uno de ellos es el aumento de la formalidad laboral, que pasó de 30% a 32% en el último año. Además, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan se redujo significativamente, bajando del 20% al 16%. Estos resultados sugieren un fortalecimiento parcial del mercado laboral y de la inclusión de jóvenes en actividades productivas o educativas.
Sin embargo, estos avances no logran compensar los efectos negativos del entorno institucional debilitado. La falta de confianza en las autoridades y el impacto de la criminalidad asociada a actividades ilegales siguen siendo factores que limitan el bienestar de la población y el potencial de crecimiento de la región. Para que La Libertad pueda avanzar con mayor solidez en los próximos años, será clave mejorar la capacidad del Estado para enfrentar estos desafíos estructurales.
