En La Libertad, la discusión sobre la posible emergencia del río Moche tomó fuerza en medio de una semana marcada por protestas, clima inestable y tensiones políticas. El debate surgió mientras autoridades y ciudadanos observaron con preocupación los daños recientes vinculados a la falta de defensas ribereñas en una zona clave para la economía agrícola de la región. El riesgo sobre los cultivos generó un llamado urgente desde diversos sectores que buscan evitar pérdidas mayores.
El congresista Juan Burgos explicó que más de 17 mil hectáreas de cultivo estarían en peligro debido al deficiente trabajo en las riberas del río Moche. La empresa Besalco, responsable de obras en quebradas como San Ildefonso y San Carlos, generó preocupación por el aumento del caudal que llegaría sin la protección adecuada. Las fallas dejaron 47 puntos críticos donde el agua podría desbordar e impactar directamente en zonas agrícolas y viviendas.
¿Quiénes serían responsables de esta situación?
Según Burgos, la empresa constructora, la ANIN y el propio Gobierno Regional tendrían responsabilidades al no prever los riesgos ni ejecutar las obras a tiempo. El congresista insistió en que la gobernadora debe solicitar formalmente la emergencia, como establece la ley. Mencionó además que la falta de coordinación institucional expuso a las comunidades rurales a un escenario de daño económico considerable.
¿Cómo afecta este contexto a otros sectores de la región?
Mientras la situación del río generó alarma, las protestas de los docentes del SUTET y el paro de transportistas complicaron la dinámica regional. Burgos señaló que los bajos salarios, la falta de contratos y la imposibilidad de ascenso afectan a los profesores universitarios. También comentó que tenía una reunión programada con docentes de la Universidad Nacional de Trujillo para tratar un proyecto de ley de ascenso automático.
¿Qué ocurre con la seguridad ciudadana en Trujillo?
El congresista también se refirió al incremento de ataques extorsivos, como el reciente explosivo que dañó varias viviendas en Trujillo. Señaló que bandas vinculadas a la minería ilegal y al llamado “terrorismo urbano” operan con estructuras complejas que requieren un fortalecimiento del sistema de inteligencia y mayor presencia policial. Pidió que el gobierno de transición tome decisiones firmes para contener el avance del crimen organizado.
