La ciudad de Trujillo mantiene una agenda política activa con miras a las Elecciones 2026, donde nuevos rostros y figuras técnicas buscan representación nacional desde las regiones. En este escenario, Martín Camacho, exgerente regional de Educación de La Libertad, inició su camino como candidato a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso. La postulación se dio en medio de debates sobre experiencia técnica, fiscalización y reformas en sectores clave como educación y presupuesto público.
¿Por qué Martín Camacho decidió postular en las Elecciones 2026?
El candidato explicó que asumió el reto legislativo tras una invitación directa de César Acuña Peralta, líder de APP, luego de evaluar su trayectoria en el Ejecutivo. Camacho señaló que su paso por cargos como gerente municipal y regional le permitió conocer de cerca los problemas estructurales en distritos y regiones del país. Desde esa experiencia, planteó que el Legislativo requiere perfiles técnicos capaces de legislar y fiscalizar con conocimiento real del Estado.
¿Qué experiencia destaca para la fiscalización parlamentaria?
Durante la entrevista, el postulante remarcó su dominio de los sistemas administrativos del Estado, como presupuesto, contrataciones y planeamiento. Afirmó que esa formación evitó vacíos técnicos al momento de fiscalizar gestiones públicas. Según indicó, esa preparación redujo riesgos de desinformación en procesos de control político.
¿Cómo evalúa su gestión en educación en La Libertad?
Camacho sostuvo que su gestión impulsó inversiones superiores a 100 millones de soles en infraestructura educativa y saneamiento físico legal de más de 500 escuelas. También mencionó la implementación de kits deportivos, materiales especializados y licenciamiento de institutos superiores. El exfuncionario aseguró que estas acciones fortalecieron los logros de aprendizaje y la supervisión docente en zonas urbanas y rurales.
¿Qué propone para mejorar la educación desde el Congreso?
Entre sus propuestas, destacó un proyecto para acelerar el saneamiento legal de más de 37 mil colegios a nivel nacional mediante incentivos a gobiernos locales. Planteó que una política articulada permitiría intervenir infraestructura educativa en corto plazo. Finalmente, remarcó que la educación impacta directamente en el desarrollo económico y social del país.
