En el distrito de El Porvenir, los conflictos por la ocupación de espacios públicos generan preocupación entre los vecinos del sector Río Seco. Esta vez, una construcción en el pasaje María Obregón, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Riva Agüero, provocó un enfrentamiento entre los moradores y una mujer que asegura ser propietaria del terreno. Los vecinos denuncian que los trabajos ocupan una vía pública utilizada por las familias de la zona desde hace más de 30 años.
¿Por qué los vecinos denuncian una invasión de terreno en Río Seco?
Los moradores rechazan la construcción y presentaron un plano para respaldar su reclamo sobre el espacio en disputa. Según manifestaron, el pasaje permite el tránsito de los residentes y su cierre perjudica la circulación diaria de las familias. Por su parte, la mujer involucrada sostuvo que compró el terreno y se negó a paralizar los trabajos, pese a los cuestionamientos de los vecinos.
¿Qué observaciones existen sobre el certificado de posesión?
La regidora Johana Oloya, de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, llegó hasta el lugar para recoger las denuncias de los moradores. Durante su intervención, señaló que el certificado de posesión presentado por la presunta propietaria tendría inconsistencias en las firmas atribuidas a un antiguo funcionario de Desarrollo Urbano. Esta observación abrió nuevos cuestionamientos sobre la documentación utilizada para sustentar la ocupación del espacio.
¿Qué medidas tomó la Municipalidad de El Porvenir?
La Procuraduría municipal intervino un día antes y solicitó a la mujer detener preventivamente los trabajos; sin embargo, la construcción continuó. Además, el procurador municipal, Erick Haro, informó que el área de Fiscalización y Control notificó a la involucrada por ejecutar obras sin contar con la licencia correspondiente. La Municipalidad mantiene el caso bajo evaluación mientras espera información técnica que permita establecer la condición legal del terreno.
¿Qué pasará si se confirma que el terreno es una vía pública?
La Procuraduría espera el informe técnico de Desarrollo Urbano para determinar si el espacio en disputa pertenece al dominio público. Si se confirma esta condición, solicitará apoyo policial para recuperar el área, además de impulsar el procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones y la demolición de lo construido. El procurador tampoco descartó que el caso pudiera estar relacionado con un presunto tráfico de terrenos, una posibilidad que deberá ser evaluada por las autoridades competentes.
