En medio de un clima político tenso y cuestionamientos constantes al Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó a Trujillo para sostener reuniones oficiales. Sin embargo, su presencia despertó controversia al ser consultado sobre temas delicados como la contratación de un miembro de su logia masónica y el silencio en torno a los beneficios económicos destinados a la familia presidencial.
¿Por qué contrató Eduardo Arana a un miembro de su logia masónica?
En noviembre de 2023, cuando Eduardo Arana se desempeñaba como ministro de Justicia, contrató al abogado Elías Falla Villegas por un sueldo mensual de 15 600 soles. Según el reportaje difundido por Cuarto Poder, ambos comparten afiliación en una logia masónica, lo que generó sospechas sobre posible favoritismo. Ante estas acusaciones, Arana minimizó el hecho asegurando que cualquier persona tiene derecho a ejercer funciones públicas si cumple los requisitos legales.
¿Qué dijo sobre el partido de Morgan Quero?
Consultado por la afiliación del ministro de Educación Morgan Quero al partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte, el premier restó importancia. Sostuvo que cualquier ciudadano tiene derecho a pertenecer a organizaciones políticas, siempre que no interfieran con sus funciones públicas. No mencionó si esta relación afecta la imagen del Gobierno.
¿Guardó silencio sobre la tarjeta de alimentos?
El momento más tenso de su visita ocurrió cuando los periodistas preguntaron por la tarjeta de alimentos de cinco mil soles otorgada mensualmente a la familia de la presidenta Dina Boluarte. Eduardo Arana evitó responder y cortó la rueda de prensa ante la insistencia de los medios. Esta omisión generó más dudas sobre la transparencia del Ejecutivo.
¿Qué impacto genera esta visita a Trujillo?
La presencia del premier en Trujillo dejó más preguntas que respuestas. Si bien se mostró dispuesto a hablar de algunos temas, su actitud evasiva en otros expuso una falta de claridad frente a temas sensibles. El caso de la logia masónica, la afiliación partidaria de un ministro y los beneficios a la familia presidencial refuerzan los cuestionamientos hacia el manejo ético del Gobierno.
