Detrás de una aparente legalidad, se perfila un esquema turbio de direccionamiento en licitaciones públicas. El especialista en prevención de corrupción, Samuel Rotta, advierte que el caso del consorcio vinculado a la familia Coca, quien se adjudicó de obras por más de 300 millones de soles en el Gobierno Regional de La Libertad que lidera César Acuña, presenta signos claros de manipulación. “Todo hace sospechar que alguien más estuvo moviendo los hilos”, sostuvo. Ninguna de las empresas ha dado explicaciones, lo que agrava la desconfianza. “Esta pobre chica (Lucero Coca) ha terminado prestando su nombre para un esquema muy tóxico”, añadió, refiriéndose a una de las involucradas.
Según informes recientes de la Procuraduría Anticorrupción, cerca del 66 % de los casos de corrupción regional están vinculados a contrataciones, y la mitad de estos a obras públicas. Rotta subraya que el problema es estructural y que el marco legal actual no garantiza la transparencia necesaria. La nueva Ley de Contrataciones carece de un capítulo sobre ética pública, lo que impide el control ciudadano efectivo. “Por más que los documentos estén en la web, no son comprensibles”, denunció, insistiendo en que se requiere una reforma urgente que traduzca la complejidad técnica a lenguaje ciudadano.
