El Ministerio de Justicia afirmó que otorgar el control de los penales a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) es inconstitucional. Sostiene que esta medida no solo carece de sustento legal, sino que tampoco es viable desde un punto de vista operativo, considerando la especialización del INPE en esta labor.
La PNP informó que solo el 0.2% de las extorsiones denunciadas en lo que va del 2024 provinieron de penales, un porcentaje muy bajo considerando las 15,384 denuncias totales. Este dato refuerza la posición del MINJUSDH sobre la actual gestión penitenciaria.
Además, afirmó que el INPE mantiene control en los penales con agentes capacitados en tácticas de seguridad. Los servidores penitenciarios reciben formación en el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) para situaciones de riesgo. También están formados en normativas sobre Derechos Humanos y uso de la fuerza.
El MINJUSDH enfatizó que el sistema penitenciario tiene como objetivo la resocialización. Programas como Orquestando y Cárceles Productivas buscan reincorporar a los internos a la sociedad. Transferir el control de los penales a la PNP y las FFAA sería revivir episodios violentos del pasado.
