Inicio Nacional Fiscalía denuncia constitucional contra Boluarte y exministros por lesiones en protestas

Fiscalía denuncia constitucional contra Boluarte y exministros por lesiones en protestas

Ministerio Público acusa a presidenta y altos funcionarios por presuntos delitos cometidos entre 2022 y 2023

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, su expremier Alberto Otárola y otros exministros, por su presunta responsabilidad en los actos de represión registrados durante las protestas sociales contra su Gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de ‘X’, el Ministerio Público informó que la denuncia fue formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, como parte de las investigaciones por las protestas ocurridas en diversas regiones del país.

Además de Boluarte y Otárola, la denuncia también alcanza a Pedro Angulo, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero, quienes ocuparon altos cargos en el Ejecutivo como presidentes del Consejo de Ministros y ministros de Defensa e Interior.

Acusaciones por lesiones leves y graves

Según el pronunciamiento de la Fiscalía, los denunciados son presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves, en agravio de los ciudadanos Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros.

Los hechos imputados están vinculados a las protestas desarrolladas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y también en Lima Metropolitana.

75 víctimas identificadas por uso excesivo de la fuerza

El Ministerio Público señaló que, hasta la fecha, se ha identificado a 75 ciudadanos que resultaron afectados por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, ejercida por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

La Fiscalía subraya que estos hechos fueron de pleno conocimiento de los altos funcionarios denunciados, lo que fundamenta su inclusión en la acusación constitucional presentada ante el Congreso.