La política peruana suma un nuevo enfrentamiento en el Congreso tras la presentación de una denuncia constitucional contra el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. La iniciativa, presentada por tres parlamentarios, solicita que se investiguen sus actuaciones y declaraciones relacionadas con magistrados que resolvieron casos vinculados con violaciones de derechos humanos. El pedido también plantea su eventual suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, en medio del debate sobre la independencia del sistema judicial.

¿Quiénes presentaron la denuncia constitucional contra Rospigliosi?

La denuncia fue presentada por la senadora Mirtha Vásquez, la diputada Indira Huilca y el senador Jaime Quito ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Los parlamentarios atribuyeron al legislador presuntas infracciones a diversos artículos de la Constitución, relacionadas con sus actuaciones frente a jueces y fiscales que resolvieron procesos sobre violaciones de derechos humanos. Los denunciantes sostienen que Rospigliosi habría promovido acciones disciplinarias contra al menos siete integrantes del sistema de justicia entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

¿Qué acciones de Fernando Rospigliosi cuestionan los parlamentarios?

Entre los argumentos expuestos en el documento figuran las denuncias disciplinarias que el senador habría presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra magistrados por el sentido de sus decisiones judiciales. Según los denunciantes, estas acciones incluyeron pedidos de destitución contra jueces que aplicaron el control difuso para inaplicar determinadas normas relacionadas con delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Asimismo, cuestionaron declaraciones públicas del parlamentario sobre el funcionamiento del sistema judicial, entre ellas expresiones en las que planteó la necesidad de «barrer» con este organismo.

¿Por qué la denuncia menciona la independencia del Poder Judicial?

Los parlamentarios argumentaron que las actuaciones atribuidas a Rospigliosi podrían vulnerar principios constitucionales como la separación de poderes y la independencia de la función jurisdiccional. Para sustentar su posición, invocaron los artículos 43, 44, 138, 139 y 146 de la Constitución Política del Perú, relacionados con las competencias de los poderes del Estado, la aplicación de las normas constitucionales y las garantías de los magistrados. La denuncia sostiene que las acciones disciplinarias y las declaraciones públicas contra los magistrados podrían constituir mecanismos de presión sobre las decisiones judiciales.

¿Qué sanciones solicitan contra Fernando Rospigliosi?

En el petitorio, los denunciantes solicitaron que la acusación sea admitida a trámite, que se realicen las investigaciones correspondientes y que se emita un informe sobre las presuntas infracciones constitucionales. Además, plantearon que, de acreditarse los cargos, se recomiende al Senado la suspensión del legislador en el ejercicio de sus funciones y su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de hasta 10 años. La inhabilitación solicitada todavía no constituye una sanción impuesta, sino un pedido que deberá ser evaluado dentro del procedimiento parlamentario correspondiente.