En medio de los diversos casos de violencia que sacuden al país, uno en particular genera especial preocupación: el de un hombre detenido por poseer pornografía infantil en la que figura su propia hija menor de edad. Este hecho ha reavivado la pregunta: ¿quién protege legalmente a los menores cuando los propios padres están implicados en delitos contra ellos? La respuesta involucra directamente al Ministerio de Justicia y su área de defensa pública para víctimas.
En ese sentido, Margarita Ayapi, defensora publica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señala que en casos donde un menor resulta agraviado y no tiene representación familiar adecuada, la defensa pública del Ministerio de Justicia, es la que toma acción garantizando que los derechos del menor estén protegidos desde el inicio del proceso penal, incluso si el entorno familiar está involucrado. La figura del “actor civil” permite además exigir una reparación económica por el daño causado, como parte del proceso judicial.
En dado caso, si la familia ya contrató un abogado particular, la defensa pública no puede intervenir, para evitar duplicidades. En el caso reciente de Trujillo, la madre de la menor contrató representación privada, por lo que el Estado no pudo participar directamente. Sin embargo, esta situación no siempre ocurre, lo que hace vital la actuación inmediata del Estado cuando el menor está totalmente desprotegido.
La especialista acotó que, además de la defensa pública, el Centro de Emergencia Mujer también puede intervenir, especialmente en casos de violencia familiar y violencia sexual. En delitos como la trata de personas, la defensa pública se constituye en actor civil, incluso sin el consentimiento de la víctima. El objetivo es garantizar medidas de protección urgentes y reparación del daño, especialmente en víctimas en situación de vulnerabilidad.
En Trujillo, la oficina de defensa pública se ubica en la cuadra 8 de la avenida Antenor Orrego, en Covicorti. Cualquier persona, agraviada o testigo, puede acudir. El servicio es totalmente gratuito, y se cuenta con un equipo multidisciplinario para abordar los casos. La ciudadanía puede confiar en que la justicia no tiene costo cuando se trata de proteger la integridad de menores en peligro.
