En un contexto nacional marcado por la desconfianza en las instituciones, la crisis en el Ministerio Público se ha convertido en uno de los temas más delicados del escenario político y judicial peruano. La disputa entre dos fiscales supremas ha generado un enfrentamiento sin precedentes, debilitando la imagen del sistema de justicia frente a la ciudadanía.
Según el exfiscal Alfredo Galindo, la raíz del conflicto se encuentra en la politización del derecho. Grupos internos apoyan a Patricia Benavides o a Delia Espinoza, cada uno interpretando la Constitución según su conveniencia. Esto ha derivado en un enfrentamiento institucional donde la ley pierde fuerza frente a intereses partidarios.
¿La Junta Nacional de Justicia puede revertir decisiones constitucionales?
Galindo explicó que las decisiones de la Junta Nacional de Justicia son administrativas, mientras que las de los fiscales supremos tienen carácter constitucional. Esto plantea dudas sobre la legitimidad del retorno de Benavides y la permanencia de Espinoza, alimentando el conflicto interno.
¿Qué papel cumple el Poder Judicial en esta crisis?
La última novedad es la suspensión por 24 meses de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, dispuesta por el Poder Judicial. Esto indica que el caso ya no solo es administrativo, sino también penal, abriendo una nueva etapa del conflicto. Aún así, la defensa de Benavides anunció que apelará la decisión.
¿Cómo impacta esta crisis en regiones como La Libertad?
Galindo alertó que esta pugna tiene repercusiones en La Libertad, donde fiscales cercanos a Benavides fueron trasladados a Lima, debilitando la lucha contra la criminalidad. El enfrentamiento en Lima resuena en todo el país, evidenciando que se necesita una reforma estructural en el Ministerio Público.
