Corte IDH responsabiliza al Estado peruano por contaminación en La Oroya

En el distrito de La Oroya, situado en la Sierra Central del Perú, se encuentra un complejo metalúrgico que ha sido centro de controversia por décadas. Desde su establecimiento en 1922 por la Cerro de Pasco Cooper Corporation, el complejo se ha dedicado a la fundición y refinamiento de concentrados polimetálicos, con una amplia gama de metales presentes, incluyendo plomo, cobre, zinc, plata, oro, entre otros. A lo largo de su historia, ha enfrentado cambios de propiedad, pasando a manos del Estado peruano en 1974 bajo la empresa Centromin, y posteriormente, en 1997, siendo adquirido por Doe Run Perú S.R.L., subsidiaria de The Renco Group, Inc. Sin embargo, esta transición no marcó el fin de los problemas, sino el comienzo de una serie de desafíos ambientales y de salud pública.

La falta de legislación específica en materia ambiental hasta 1993 permitió que el complejo operara sin controles adecuados, generando graves impactos ambientales en la región. La contaminación atmosférica, en particular, ha sido un problema persistente, afectando no solo a La Oroya, sino también a las áreas circundantes. Estudios realizados desde la década de 1970 han documentado la presencia de dióxido de azufre y otros contaminantes en el aire, así como su impacto en la vegetación y la salud de los habitantes. La situación se agravó aún más con la nacionalización y posterior privatización del complejo, con Doe Run asumiendo compromisos que no pudo cumplir, lo que llevó a un deterioro continuo de las condiciones ambientales.

La población de La Oroya ha sufrido las consecuencias directas de esta contaminación, con niveles de contaminantes en el aire, el agua y el suelo que superan los estándares nacionales e internacionales. Los impactos en la salud de los residentes han sido significativos, con altas concentraciones de plomo en la sangre y otros problemas de salud relacionados con la contaminación. Además, las demandas legales presentadas por las víctimas y la intervención de organismos como el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reflejan la lucha por la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos en la región. En su demanda solicitaron la protección del derecho a la salud y a un medio ambiente saludable de la población de La Oroya.

El 12 de mayo de 2006 el Tribunal Constitucional declaró parcialmente fundada la demanda de cumplimiento y ordenó la adopción de medidas dirigidas a: a) la implementación de un sistema de emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo en La Oroya; b) la realización de acciones tendientes a la expedición de un diagnóstico de línea base, y c) la realización de programas de vigilancia epidemiológica y ambiental en la zona de La Oroya. La Comisión Interamericana dictó medidas cautelares en 2007 -las cuales fueron ampliadas en 2016- con el objetivo de proteger la vida, integridad personal y vida de los habitantes de La Oroya.