La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una nueva directiva para regular el uso del correo electrónico institucional en las entidades públicas del país. La medida forma parte de las acciones que impulsa el Estado para fortalecer la transformación digital, mejorar la gestión de la información y garantizar comunicaciones oficiales más seguras. La norma actualiza disposiciones que permanecían vigentes desde hace más de dos décadas y adapta el marco regulatorio a los desafíos tecnológicos actuales.
¿Qué cambios introduce la nueva directiva sobre correo electrónico institucional?
La disposición establece medidas orientadas a reforzar la seguridad digital, la autenticidad de los mensajes, la trazabilidad de las comunicaciones y la adecuada conservación de la información oficial. Asimismo, define responsabilidades tanto para las entidades públicas como para los usuarios que emplean este servicio en el ejercicio de sus funciones. La regulación también se alinea con normas relacionadas con transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
¿Por qué el correo institucional es considerado un activo digital del Estado?
La directiva, oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.° 001-2026-PCM/SGTD, establece que las cuentas de correo institucional y la información contenida en ellas constituyen activos digitales de cada entidad pública. Esta disposición busca garantizar que las comunicaciones oficiales mantengan su validez, integridad y disponibilidad dentro de la administración estatal. Además, promueve una gestión más ordenada de la documentación electrónica.
¿Cuáles son los plazos para que las entidades públicas se adecuen?
La implementación será progresiva según el tipo de institución. Los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, universidades públicas y empresas estatales tendrán un plazo máximo de 12 meses para cumplir con las nuevas disposiciones. En tanto, los gobiernos locales contarán con periodos que oscilarán entre 18 y 36 meses, dependiendo de sus capacidades operativas y presupuestales.
¿Qué apoyo recibirán las municipalidades para cumplir la norma?
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital podrá brindar asistencia técnica a municipalidades rurales o con limitaciones económicas para facilitar la implementación del servicio. Además, las entidades que actualmente utilizan plataformas comerciales de terceros o direcciones distintas a las establecidas deberán obtener el dominio institucional correspondiente en un plazo máximo de 12 meses. Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la gobernanza digital y aumentar la confianza en las comunicaciones oficiales del Estado.
