En comunicado, la Contraloría General de la República recordó a autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública a hacer uso adecuado de los bienes y recursos públicos bajo su responsabilidad.
Además, resaltó que las normas vigentes establecen sanciones administrativas y penales por destinar o autorizar el uso de infraestructura, bienes o recursos públicos en actividades ajenas a la función y/o quehacer institucional, entre ellas, las de proselitismo político.
