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Consejo de la Prensa Peruana: Se pronuncia sobre la libertad de expresión por el caso Gastón Medina y otros periodistas

El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual sobre la situación de la libertad de expresión en el país, destacando diversas agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

El cambio más significativo es la eliminación del Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva del IRTP, las dos principales instancias de gobierno corporativo. En su lugar, se creo una “jefatura” que concentra el poder en una sola persona. Según el CPP, el modelo anterior, conformado por cinco profesionales, aseguraba un mayor nivel de jerarquía y consenso interno, algo que ahora se pierde.
Además, al depender directamente de la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, la nueva estructura carece de mecanismos de equilibrio que prevengan posibles presiones políticas.

Un caso impactante fue sobre el periodista Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado a balazos en la región Ica. Medina había denunciado irregularidades en el Gobierno Regional de Ica y en la municipalidad, así como actividades extorsionadoras. En 2024, la sede de Cadena Sur TV ya había sido atacada con explosivos.

El Ministerio Público abrió una investigación contra los periodistas Rosana Cueva (América Televisión y Canal N), Eduardo Quispe y Beto Ortiz, tras una denuncia de Samir Villaverde, quien purga prisión por delitos de corrupción. Se les acusa de tráfico ilegal de datos personales y organización criminal. Villaverde también exigió la eliminación de contenido periodístico de archivos de medios de comunicación, lo que fue interpretado como un intento de censura. Otros periodistas como Bruno Amoretti, Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti y Paola Ugaz también fueron denunciados.

El Consejo de la Prensa Peruana condena el asesinato de Gastón Medina y exige una investigación rigurosa para determinar si su labor periodística estuvo vinculada al crimen. Además, alerta sobre el impacto de la eliminación de instancias de gobierno en el IRTP, lo que podría generar mayor influencia política en la línea editorial del canal estatal.

Asimismo, consideran que la denuncia contra Rosana Cueva y otros periodistas podría ser una represalia por investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, lo que pone en riesgo la libertad de prensa en el país. Exhorta al Ministerio Público a excluir a los periodistas de dicha investigación y garantizar el respeto al secreto de las comunicaciones periodísticas.