El Consejo de la Prensa Peruana ha expresado su rechazo a que la presidenta Dina Boluarte haya cumplido más de 80 días sin declarar a la prensa. Destacaron que los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y que el silencio en un cargo tan relevante afecta directamente el derecho de estar informados. Este comportamiento, según el Consejo, es inaceptable y va en contra de los principios democráticos.
Asimismo, el Consejo se mostró en contra de la posible inclusión de representantes del Legislativo y Judicial en el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Argumentaron que esto representaría un ataque a la independencia del organismo, sometiendo su línea editorial a presiones del poder.
Mencionaron que esta propuesta va en contra de las buenas prácticas observadas en países como Argentina, Chile, España, México e Italia. Próximamente, el Consejo presentará una iniciativa para garantizar la autonomía e independencia del IRTP, esperando que sea considerada por el Congreso.
Finalmente, el Consejo criticó el proyecto denominado ‘anti-ONG’, el cual afecta a organizaciones que colaboran con medios de comunicación para promover y defender las libertades de expresión y de prensa. Estas organizaciones son acusadas arbitrariamente de “activismo político” y de recibir fondos de “agentes extranjeros”, lo cual debilita su labor.
Por último, el Consejo rechazó los insultos y agresiones hacia periodistas desde organismos públicos y medios de comunicación, recordando que tales acciones pueden implicar una responsabilidad internacional de los Estados, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Agresiones contra periodistas y medios de comunicación
- Caso Dina Boluarte: la presidenta Dina Boluarte cumplió más de 80 días sin declarar a la prensa. En las últimas semanas, en al menos tres eventos públicos periodistas de diversos medios de comunicación se vieron impedidos de realizarle preguntas a Boluarte.
En una de aquellas ocasiones, varios periodistas fueron retenidos en un estrado para evitar que se le formularan preguntas. La última vez que Boluarte declaró a la prensa fue el 5 de abril. - Caso IRTP: La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó que representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial integren el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el ente que emite las señales de TV Perú y Radio Nacional. Actualmente el directorio es integrado por profesionales independientes.
- Caso anti-ONG: la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó modificar una ley para supuestamente fortalecer la supervisión y fiscalización de las ONG a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que afectaría las libertades de expresión y de prensa en el país. Leyes similares han sido aprobadas en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
- Insultos a periodistas: en el último mes se dieron casos de insultos a periodistas, originados por su trabajo de investigación y destape. El comunicador Phillip Butters agravió verbalmente a la periodista de El Comercio Graciela Villasís –a través de un comentario sexual– y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llamó “fracasado” al periodista Marco Sifuentes. Sifuentes denunció que se le habría realizado seguimiento por parte de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
- Caso Canal N: un equipo de periodistas de Canal N fue empujado por miembros de Serenazgo durante una actividad oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Marco Calderón y Felipe Díaz intentaban tomarle declaraciones al alcalde cuando fueron retirados a empujones del lugar. Un jefe de Serenazgo tuvo que ordenar a sus subalternos que cesaran las agresiones a los periodistas.
- Caso Pedro Yauri: en junio se cumplieron 32 años de la tortura, asesinato y desaparición del periodista Pedro Yauri por el Grupo Colina.
- Caso Alejandro Soto: el presidente del Congreso, Alejandro Soto, denunció al periodista José Miguel Hidalgo, del programa televisivo Cuarto Poder, por el delito contra la tranquilidad pública en modalidad de reglaje luego de que revelara que Soto sí mantiene una relación con la madre de su hijo, un asunto de interés público dado que la hermana de esta señora fue contratada por el despacho del congresista, lo que configura un hecho de presunto nepotismo. Soto negó en su momento la relación a la Comisión de Ética del Congreso. Soto además presentó una querella contra el periodista. Luego dijo: “no tengo temor de iniciar acciones legales semanales en defensa de mi honor y la integridad de mi familia”.
